La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que los recursos administrados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con los cambios aprobados por el Senado de la República pueden ser utilizados para fines ajenos a los que deben cumplir el organismo que encabeza Octavio Romero Oropeza.
“Defendemos que los recursos administrados por el Infonavit son propiedad exclusiva de las y los trabajadores. Es inaceptable que estos ahorros puedan utilizarse para fines ajenos a sus intereses o a los objetivos del Instituto. Su destino debe estar siempre enfocado en proteger y beneficiar a quienes los generaron con su esfuerzo diario. En la Confederación estamos convencidos de que solo a través de un diálogo tripartito equilibrado y constructivo entre los tres sectores lograremos consolidar un modelo que garantice viviendas dignas, proteja los derechos laborales y asegure un futuro más próspero para las familias mexicanas”.
Coparmex
En un comunicado de prensa, el sindicato patronal que encabeza José Medina Mora Icaza destaca que han apoyado el objetivo de la construcción de un millón de viviendas que prometió en campaña la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Hemos respaldado públicamente la meta de construir un millón o más de viviendas con orientación social, presentada por el Gobierno de México. Sin embargo, esto solo será posible con instituciones fuertes, donde el respeto a la esencia tripartita sea una prioridad inquebrantable”.
Sostiene el sector patronal que se debe mantener el tripartismo paritario, pilar fundamental del Infonavit desde su creación, ya que garantiza la participación equitativa de los sectores gubernamental, laboral y empresarial en la toma de decisiones.
Los cambios aprobados por el Senado de la República comprometen la esencia tripartita paritaria que ha sido el núcleo del Infonavit desde su creación, destacó la Coparmex.
Por último, indicó que las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Ley Federal del Trabajo deben ser producto del más amplio consenso entre los 3 sectores involucrados: trabajadores, empleadores y gobierno para evitar afectar derechos laborales.