La reforma integral de pensiones requiere eliminar prácticas de evasión y elusión en las nóminas, elevar a más del doble la contribución obligatoria, esquemas obligatorios de pensiones en las empresas con beneficios fiscales, un sistema de pensiones nacional, entre otros, proponen los ejecutivos de finanzas.
La próxima reforma integral de pensiones debe privilegiar la “calidad y profundidad” para avanzar en el problema que sólo cubriría a un 23.9 por ciento de los pensionados en caso de continuar la situación, señaló el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari.
El IMEF propone elevar de 6.5 a 13.5 por ciento la contribución obligatoria, reducir el cobro de comisiones de los Administradores de Fondos para el Retiro (Afore), para prevenir el “desastre en finanzas gubernamentales”.
El presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, Jorge López Pérez, especificó que la edad del retiro se ajustaría de acuerdo con la esperanza de vida en su momento, es decir, sube o baja de acuerdo con la mortandad que se presente en su momento.
Adicionalmente, se propone una reducción de comisiones de las Afores, un Sistema Nacional de Pensiones con un Instituto Nacional de Pensiones que propone sinergias para lograr un equilibrio presupuestal, de conveniencia y justicia social.
López Macari detalló que la propuesta también se complementa con un sistema privado de pensiones de la empresa con beneficios fiscales, auditorías de seguridad social estrictas.
El IMEF precisó que la pensión universal es para todos, la reforma de pensiones es para quienes cotizan en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Con la propuesta del IMEF la tasa de reemplazo pasaría del 25 o 30 por ciento que se tiene actualmente a un nivel de 50 o 55 por ciento, precisó López Pérez.
“La reforma de pensiones es prioritaria y sería un costoso error ignorar su situación crítica actual, es un gran desafío para la siguiente administración federal, a quien le corresponderá actuar con prontitud, ya que de no hacerlo representaría un alto costo social y económico defícil de enfrentar”, enfatizó López Macari.