La polémica iniciativa presidencial para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que busca eliminar los contratos de autoabastecimiento y los productores independientes de energía genera un choque entre la iniciativa privada y el gobierno federal podría tener la conclusión en una tercera vía.
Así como pasó con la iniciativa para eliminar el outsourcing para recuperar los derechos laborales de los trabajadores y las empresas pagaran el reparto de utilidades (PTU) a los colaboradores, al generarse un encuentro entre la cúpula empresarial y el Ejecutivo Federal para entablar mesas de negociación que culminó con su aprobación y promulgación con un periodo de transición para su aplicación.
En este caso los especialistas del sector señalan que en verdad es necesario una reformulación del sistema eléctrico por los “contratos leoninos” que se tienen a favor del sector privado quien además de cobrar por su energía al final del contrato se quedarán con las centrales de generación, así como pasó con el caso de los gasoductos que terminaron por renegociarse con ahorros por más de 4 mil 300 millones de dólares para la CFE.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, acudió nuevamente a la frase de “quitar las manzanas podridas” por los casos en que las empresas transgreden la legislación.
El sector privado se manifiesta por un diálogo amplio con el sector gobierno, legislativo, académico y sociedad civil para llegar a una CFE fuerte con la presentación de los manuales de servicios conexos, liquidaciones, transacciones virtuales, entre otros que pueden resolver las diferencias sin interrumpir el desarrollo de un mercado energético eficiente, comentó el consejero nacional de la Coparmex, Carlos Hernández González.
Sostiene la IP que CFE se quedaría con las unidades más rentables que son transmisión 45 por ciento y 25 por ciento en distribución.
Será interesante observar si se presenta la misma fórmula en la que se tiene la iniciativa en el legislativo, pero al mismo tiempo se tienen encuentros entre los actores de la iniciativa privada y el gobierno para limar las asperezas y ofrecer una respuesta favorable para ambas partes que no cause estragos para el desarrollo y la imagen del país.
La reforma del outsourcing a pesar de ser consultada con el sector privado terminó con amparos al pasar a la subcontratación especializada.