Todavía no termina el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y un sector empresarial importante le exige rentabilidad social de sus programas sociales y de gobierno.
Sería justificada y nada criticable su exigencia de esos empresarios, siempre y cuando hubieran actuado de la misma manera con los gobiernos anteriores, que a pesar de tener lemas y programas de gobierno que se basaban en la justicia social, el desarrollo económico y el empleo no se acercaron a sus objetivos.
Una constante de la mayoría de los mexicanos es la pobreza, ya que más de 50 millones de mexicanos se encuentren sin los recursos necesarios para una vida digna.
En los últimos 10 años pasó de 49.5 millones a 52.4 millones de personas sin recursos y desigualdad económica.
Mientras que en el 2014 se reportó en el estudio del ITAM, La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México, realizado por Miguel del Castillo Negrete, que el 80 por ciento de los activos financieros se encontraba en poder del 10 por ciento más rico en el país.
Los excesos de la clase gobernante y los beneficios para sus allegados fueron evidentes durante los últimos, mientras que el desarrollo y el crecimiento de la sociedad mexicana en su conjunto no fue un objetivo prioritario.
Esto se refleja cuando dos terceras partes de la riqueza están en manos del 10 por ciento más rico del país y el 1 por ciento de los muy ricos acaparan más de un tercio.
En el 2015 México ocupó el lugar número 20 en la lista de Credit Suisse de los países con mayor número de individuos muy ricos, tenía más que Dinamarca, Hong Kong, Singapur, Israel, Nueva Zelandia, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia y Arabia Saudita.
Para terminar con esta situación, y acallar esas voces inconformes, se debería de pensar por parte del gobierno federal en instaurar unas métricas cuantitativas en el impacto del desarrollo económico por la incorporación de los jóvenes a la vida laboral, el impacto que tendrá su refinería en las finanzas públicas al disminuir la importación de gasolinas, así como su impacto en el avance del país.
La rentabilidad social es una prioridad que se debe tomar con seriedad por ambas partes: gobierno y empresarios, y no como un argumento para desacreditar y legitimar las intenciones, ya que los resultados serán los encargados de aprobar las acciones llevadas a cabo.
México no puede, ni debe seguir como una nación polarizada, ya que será muy complicado alcanzar los objetivos que le convienen al país, al gobierno, a los empresarios y las personas.