El sector privado afirmó que la mejor respuesta al combate del robo de combustible es el fortalecimiento de las instituciones en contra de la corrupción y la denuncia para evitar dañar las actividades económicas y la economía familiar de los más pobres.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que la decisión del gobierno de López Obrador en contra del huachicol o robo de combustibles generó un “generó un ambiente de psicosis que propició un aumento adicional de la demanda, de tal manera que lo que se pretendía ser una acción para combatir el robo de combustible, se convirtió en un entorno de un incipiente descontento social y preocupación por su efecto en la actividad económica del país”.
Se especificó en diversos medios de comunicación que son nueve estados del país los más afectados por el desabasto de combustibles: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, y finalmente la Ciudad de México.
Apuntó que las autoridades no consideraron todos los efectos sobre la actividad económica por cerrar los ductos en los que se transporta el combustible con el objetivo de evitar que los delincuentes pudiesen drenarlos.
Agregó que además se tiene una deficiente estrategia de información sobre la falta de combustible al minimizar el problema con de escasez del producto, puesto que existen los inventarios necesarios para cubrir las necesidades de combustible.
Sin embargo, el hecho es que la incapacidad de abastecerlo eficientemente comienza a generar desequilibrios en la actividad productiva, señaló el CEESP.
“El desabasto de combustible afecta seriamente a todos, pero singularmente a los que menos tienen, ya que para muchas personas es un insumo importante en su actividad diaria, toda vez que utilizan sus vehículos para laborar en diversas actividades y por la falta de gasolina tendrán que reducir su actividad y probablemente con ello su ingreso familiar”, puntualizó el sector privado.
Adicionalmente, especificó que la preocupación aumenta cuando inician señales de un posible impacto en el suministro de las tiendas comerciales.
La imposibilidad de mover las flotillas de transporte podría comprometer la distribución de víveres, como lo señala Concanaco-Servytur, lo que podría llevar a compras de pánico y posiblemente a un impacto en los precios al consumidor.
“El desabasto de combustible también ha comenzado a incidir en otras actividades, como la seguridad pública.Ya hay información de que, en diferentes zonas de los estados afectados, se ha tenido que reducir la vigilancia de la policía en patrullas por el uso de bicicletas o rondas a pie, lo que favorece sin duda a la delincuencia”, especificó el organismo del sector privado.
En cuanto al impacto que puede tener esta situación, aún es prematuro considerar un costo cuando todavía no hay datos duros de las actividades afectadas.
El CEESP indicó que los primeros perjudicados son los distribuidores de combustibles, que pudieron verse afectados en aproximadamente un tercio de sus ingresos en los días que lleva el desabasto.
“El costo ascendería a poco más de 6 mil millones de pesos, lo que representa el 0.03 por ciento del PIB. Aunque podría parecer mínimo, no obstante, a esto habría que incluir el costo de diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto el impacto no sea mayor a una décima del Producto”.
Finalmente, el CEESP destacó que nadie puede estar en contra del combate al robo de combustible, pero la mejor opción para erradicarlo es la colaboración de todos los sectores: la denuncia, dejar de participar en la venta de combustible ilegal, pero especialmente fortaleciendo las instituciones encargadas de combatir la corrupción, la inseguridad y todas estas prácticas ilegales, concluyó el CEESP.