El proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) contempla una contracción superior al 20 por ciento en los derechos cobrados a los particulares por la administración federal.
La recaudación por derechos asciende a 42 mil 267.7 millones de pesos (mdp), cifra es inferior en 9 mil 404.1 mdp a lo aprobado para 2020, lo que represnta e implica una contracción del 20.9 por ciento en términos reales, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
En el análisis titulado «Aspectos relevantes de las modificaciones a la Ley Federal del Derechos propuestas en el Paquete Económico 2021«, elaborado por el investigador José Luis Clavellina Miller, explicó que las propuestas contenidas en el Paquete Económico 2021 se enfocan en la adecuación de cobros por la prestación de servicios públicos que proporcionan distintas dependencias de la Administración Pública Federal.
Entre los servicios que recaudan derechos se encuentran la expedición de pasaportes, servicios consulares; derechos forestales, ambientales y marítimos; así como por telecomunicaciones; minería y de cuerpos receptores de aguas residuales.
La nota del IBD detalló que en la Iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos se propone establecer medidas para la mejora continua de la prestación de los servicios públicos con la intención de otorgar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.
Asimismo, ajustó algunos montos de las cuotas aplicables para equilibrar los costos que implican a las autoridades la prestación de determinados servicios, así como simplificar el cobro de derechos con la derogación de algunos de ellos.
En lo que se refiere a beneficios fiscales, la iniciativa plantea continuar con el beneficio a la población que solicite el registro de título y expedición de cédula profesional de nivel técnico y técnico profesional, que consiste en pagar únicamente el 30 por ciento del monto correspondiente, a quienes soliciten estos servicios a las Instituciones del Sistema Educativo Nacional.
Asimismo, se propone otorgar a connacionales en el extranjero, como en años anteriores, un descuento del 50 por ciento de la cuota que corresponda por el trámite del testamento público abierto, ante la imposibilidad de retornar a territorio nacional.
Propone el cobro de los derechos a las redes de telecomunicaciones 5G a precios de mercado internacional. Se prevé que los operadores Telcel y AT&T comiencen su utilización en servicios públicos el año siguiente.