La fijación de precios por parte del Estado y subsidios no benefician a la mayorías, y provocan desajustes en la economía, que después terminan en alzas agresivas de precios como las que se viven en las gasolinas y el gas LP, afirmó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) puntualizó que los subisidios en las gasolinas y el diésel durante el periodo 2007-2014 tuvieron un costo de 871 mil millones de pesos (mmp), que benefició principalmente a quienes menos lo necesitaban.
Especificó que los grupos de mayor capacidad de consumo se vieron beneficiados por la adquisición de bienes a precios menores y recibieron el beneficio de 598 mil mdp, mientras que 273 fueron para el 70 por ciento con menores ingresos.
Agregó el CEESP que una situación similar se vive en el gas, ya que también se presenta una mala experiencia por el decreto que determinaba el control de precios del gas LP, que llevó a alejar cada vez más su precio del precio real, por lo que la diferencia se cubría con gasto público, proveniente de impuestos de los contribuyentes.
Este tipo de políticas no son sanas y “no es sostenible en el mediano y largo plazos, por lo que una vez que no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas, generalmente se decide concluirlas sin un plan de compensación bien estructurado”.
Dicho ajuste agresivo termina por reflejase en el poder adquisitivo de las familias como los que se vivieron “en Febrero del 2017 en el que los precios de las gasolinas alcanzaron su máximo incremento anual el reportar alzas de 26 por ciento en la de bajo octanaje y de 30.7 por ciento en la de alto octanaje. Al cierre del mismo año el gas LP superaba en 44.1 por ciento el precio reportado doce meses antes, según los indicadores de precios al consumidor”.
El CEESP recomendó que para evitar situaciones similares que afecten el poder adquisitivo se mantenga una economía en la que el gobierno genera un ambiente propicio para el beneficio generalizado, sin privilegios de grupo.