El T-MEC, la versión 2.0 del TLCAN, ayudará a mejorar el clima de negocios y a las empresas, señalaron organizaciones de México, Estados y Canadá.
La firma, PricewaterhouseCoopers (PwC), realizó una encuesta entre 7 mil 228 directivos que dio origen al documento Pulling fraud out of the shadows.
De acuerdo con los encuestados, el 60 por ciento de las compañías declaró que el T-MEC mejorará el clima de negocios, frente a un 28 por ciento que opinó que no tendrá impacto. Sólo un 30 por ciento de los encuestados cree que el tratado beneficiará a su empresa.
“El Capítulo 27 de T-MEC llama, no sólo a hacer frente a la corrupción, sino también a fortalecer los lazos de cooperación entre los tres países, así como a la posibilidad de sancionar a los funcionarios públicos y fomentar la prevención, entre otros compromisos”, señaló la socia Líder de Servicios Legales, Pilar López.
Delitos económicos: retos y oportunidades
La Encuesta de Delitos Económicos de 2018 reveló que el 58 por ciento de las compañías mexicanas fue víctima de un fraude. En 2016, era inferior, en concreto, solo el 37por ciento.
“Nuestro país es una nación de alto riesgo, como lo muestra un amplio número de indicadores sobre corrupción, fraude y otros delitos económicos. Por tanto, es necesario cuestionarse cuál es la cantidad real de casos y su impacto en las compañías mexicanas. Asimismo, los datos plantean la posibilidad de que algunos actos ilícitos podrían no estar siendo detectados, o no se reportan o, simplemente, no se reconocen como tales”, afirmó, el Socio de Forensics Services en PwC México, Alfredo Hernández.
De acuerdo con el documento, los encuestados mexicanos sienten que la corrupción y el soborno aumentaron un 30 por ciento en México en 2018. En el caso de los ejecutivos de Sudamérica y América del Norte y Caribe, el incremento lo valoraron en el 25 por ciento y el 13 por ciento en el mismo período, respectivamente.
Perspectivas del sector privado
La incidencia de los delitos de estos rubros perjudica a las empresas de distinta forma, debido a los múltiples factores que afectan a su industria o regulaciones específicas, entre otros.
Con base en la última edición de la Global Economic Crime Survey (GECS), sectores como el de productos industriales o consumo, se vieron afectados un 29 por ciento y 28 por ciento, respectivamente, mientras que, en el caso de los servicios profesionales, el porcentaje ascendió al 26 por ciento.
En los tres casos, el delito de mayor incidencia fue la malversación de activos (empatado en 48 por ciento en los dos primeros casos y 40 por ciento en el último).
En cuanto a los riesgos, se registraron al fraude general con 49 por ciento, la vulnerabilidad de ciberataques ocupó 49 por ciento, y el soborno y la corrupción un 31 por ciento, principales riesgos que afrontan las empresas mexicanas.
Sin embargo, a pesar de estas amenazas, un 87 por ciento de las empresas asegura contar con programas formales de ética y cumplimiento.
Según la Encuesta de Delitos Económicos de 2018, edición México, los responsables de los programas de cumplimiento son, en su mayoría son el director Normativo o de Cumplimiento, el de Recursos Humanos y el CEO o director General.
“México ha avanzado mucho, tanto en la parte de prevención, como en la de regulación, con la promulgación de leyes orientadas a generar conciencia y a castigar conductas ilícitas. La inclusión de un capítulo sobre la materia en el T-MEC, supone poner todavía un énfasis mayor en la importancia, tanto de la prevención, como en la responsabilidad”, aseguró Pilar López.
“Aunque todavía no se ha ratificado el acuerdo en los congresos de los tres países, las empresas deben comenzar a prepararse para adecuarse a los cambios, fortaleciendo sus controles internos, evaluando las amenazas e implementando programas de cumplimiento”, declaró Alfredo Hernández.
