Para México, 2018 es un año de múltiples retos por la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales, los que pueden generar un potencial riesgo al crecimiento económico de los años venideros, señaló la calificadora HR Ratings.
De acuerdo con declaraciones realizadas por miembros de los equipos de negociación del TLCAN, se espera que las negociaciones entre Canadá, México y Estados Unidos puedan terminar en las próximas semanas.
La calificadora consideró la posibilidad que este proceso de renegociación reciba un impulso de las elecciones de México y Estados Unidos para llegar a un rápido acuerdo y así evitar que se complique más el proceso, en caso de que haya cambios importantes en el balance de poder partidista.
En el caso de que se tenga un acuerdo entre las tres partes, es necesario considerar la siguiente etapa del proceso para los Estados Unidos.
“Parece que los términos del acuerdo serían tales que requerirían de la aprobación por parte del Congreso, lo que podría ser difícil, especialmente en el entorno tan polémico que existe actualmente en Washington, incluso si el proceso legislativo utilizara el mecanismo fast track, que no permite cambios a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo”.
Las dificultades, sin embargo, no son únicamente de una naturaleza política partidista, sino también de carácter de política pública.
Las inclinaciones proteccionistas del presidente Trump de cierta manera coinciden más con las posturas del partido Demócrata que con las posturas de libre mercado de su propio partido Republicano.
Adicionalmente a estos elementos de procedimiento surge una nueva área de discusión relacionada con las protecciones a inversiones extranjeras concedidas por cada país miembro del Tratado, de acuerdo con los términos actuales.
El argumento de los negociadores de los Estados Unidos es que esta provisión representa un incentivo para una empresa estadounidense (por ejemplo, automotriz) de invertir en México en lugar de invertir en los Estados Unidos.
Según reportes periodísticos, el cambio propuesto por el equipo negociador estadounidense implicaría que las empresas extranjeras ya no tendrían el derecho de apelar ante una instancia internacional (lo que actualmente está establecido por el TLCAN) una decisión gubernamental que afecte negativamente su inversión.
La eliminación de esta protección podría afectar negativamente los incentivos para que las empresas estadounidenses (por ejemplo, energéticas) inviertan en México, abriendo nuevos mercados para aprovechar la recién apertura del sector energético (incluyendo la extracción del petróleo y gas, y la venta de gasolina directa al consumidor final).
La intención de favorecer la producción automovilística en los Estados Unidos podría, por lo tanto, perjudicar la inversión estadounidense en el sector energético de México.
Además, la eliminación de esta protección podría facilitar cualquier intención de frenar la apertura de este sector, iniciado con la Reforma Energética de 2013. En un periodo electoral, el tema es especialmente sensible.
Las elecciones de 2018
A pesar de la incertidumbre respecto a la elección del Presidente, parece que el riesgo de un cambio estructural radical en términos de las políticas públicas es limitado durante los primeros años de gobierno.
«Para apoyar esta conclusión, tenemos como posible indicador el desempeño de AMLO como jefe del Distrito Federal (ahora CDMX). Es difícil citar políticas que uno podría considerar como radicales durante su gestión. Sin embargo, también es posible que la falta de iniciativas radicales fuera una consecuencia, más que nada, del poco margen de acción que AMLO tenía al depender fuertemente de la Federación en el ámbito financiero, político y de seguridad».
En cuanto a su campaña actual, sus posturas relativas al manejo de la política fiscal, por ejemplo, indican una intención de tener déficits limitados. Aunque la intención de aumentar el gasto social y de inversión, financiado con mayores eficiencias en el gasto, podría enfrentar dificultades importantes.
Así mismo, ha habido fuertes críticas por parte de AMLO hacia la Reforma Energética, pero ninguna de estas sugiere un deseo de revertirla, aunque sí posiblemente de seguirla a un paso más lento.
Por ejemplo, vemos difícil (aunque no imposible) regresar a una política de control de precios de las gasolinas. Sin embargo, la forma exacta de la implementación de un nuevo régimen energético está por verse. Lo que sí sería grave sería una violación de contratos existentes, pero no hay señales de que esta sea la intención.
Otro punto es el sonado tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM). Independientemente de la necesidad o no de un nuevo aeropuerto, y de su ubicación y afectación para las comunidades colindantes, el incumplimiento, cancelación o renegociación de contratos ya existentes es también de gran relevancia, ya que restaría credibilidad a las instituciones y encarecería el financiamiento de futuros proyectos.
En el caso de un triunfo de Frente o de la coalición del PRI, vemos una continuidad en las políticas económicas existentes, lo que da un mayor nivel de certeza a inversionistas y empresas.
Es importante considerar que el proceso electoral federal de 2018 también involucra la elección del Congreso. En este sentido, es probable que ningún partido o agrupación tenga la mayoría absoluta. Esto, para bien o para mal, limitaría la capacidad del nuevo presidente de dar un giro radical en la política pública, especialmente en la fiscal, en donde el Congreso determina tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos.
Además, la relación entre el nuevo presidente electo y el nuevo Congreso no sería determinada inmediatamente después de las elecciones. Suponemos que habría negociaciones importantes para determinar coaliciones, y que estas coaliciones podrían cambiar con el tiempo y podrían variar dependiendo en el tema.
“Lo más importante es que en este momento no hay suficientes bases para suponer un giro negativo en la evolución de la economía o de las finanzas públicas”, afirmó la calificadora.