El sector privado advierte que la recaudación de fuentes recurrentes debe ampliarse para lograr los más de 500 mil millones de pesos (mdp) y evitar la fragilidad de las finanzas públicas en los meses siguientes con un sistema fiscal universal.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que los límites de la fiscalización y eficiencia recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que a la fecha aumentó la recaudación con base en casos acumulados que se agotarán paulatinamente.
Además, se presenta un lento proceso de recuperación hacia una economía que vuelva a crecer al menos al ritmo que lo hacía hasta antes de su caída de 2019, ante la baja inversión; los efectos de la desaparición de empresas en la crisis; y la posible transitoriedad del relativamente elevado precio del petróleo.
“Es factible que todo esto se traduzca en el tiempo en la necesidad de una recaudación tributaria mayor en unos 500 mil mdp respecto a lo presupuestado para el 2021, alrededor de 2 puntos porcentuales del producto”.
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
El CEESP consideró que la política económica debe ser amigable para la inversión, sin privilegios, pero con reglas claras, estado de derecho y respeto a los derechos de propiedad, a fin de recobrar una tasa de crecimiento más propicia para el verdadero progreso social.
“Mientras la economía no esté en un sendero de recuperación sostenida, para lo que cuenta con grandes oportunidades en la coyuntura actual, los ingresos del sector público continuarán siendo frágiles y su sostenibilidad en el tiempo también lo serán”.
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
Puntualizó el sector privado que un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no causará por sí mismo una recuperación de los ingresos tributarios en la misma proporción, ya que dicho crecimiento será principalmente resultado de un rebote de la economía y un efecto aritmético.
El CEESP sugirió que lo más adecuado sería un sistema tributario estricto e intolerante de abusos, pero con principios definidos como universalidad, obligatoriedad, equidad, proporcionalidad y legalidad que busque ampliar la base gravable y su carga esté relacionada con beneficios para la sociedad y los contribuyentes mediante un gasto público con rentabilidad social probada.
