La autonomía de los Institutos Nacional Electoral (INE) y Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no sólo depende de la estructura en la toma de decisiones y de la independencia de su gestión, sino también de que tengan recursos suficientes para su operación, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

“Ante la amenaza latente de una regresión en la democracia, por la vía de la degradación de la eficacia de las institucionales autónomas, la COPARMEX respalda la salvaguarda de la autonomía del INEGI y del INE, a través de la suficiencia de sus recursos para que cumplan con su mandato constitucional.

“No es permisible que nadie afecte el proceso de consolidación de la democracia y, con ello, del progreso de México”, enfatizó el organismo que preside Gustavo de Hoyos Walther.

Tras recordar que en las últimas décadas los mexicanos hemos dado enormes pasos hacia el fortalecimiento de la división de poderes y del sistema de contrapesos al dotar a más instituciones de una autonomía constitucional, la COPARMEX subrayó que la consolidación de la democracia tiene varias dimensiones.

Dijo que una de ellas es el ámbito electoral, pero que ello no basta, por lo que es indispensable que la democracia electoral vaya acompañada del fortalecimiento instituciones que permitan preservar los criterios técnicos, basados en evidencia, para la implementación de las políticas públicas fundamentales que aseguren su continuidad transexenal.

“Para lograrlo es preciso tener instituciones autónomas del Poder Ejecutivo, sujeto a los vaivenes propios de la lógica electoral.

“En COPARMEX tenemos la convicción de que la vigencia de los principios de autonomía e independencia en instituciones fundamentales del Estado, como el INEGI o el INE no deben ser amenazados o puestos en entredicho.

“Rechazamos que a través de restricciones presupuestarias se amenace la operación efectiva de las instituciones autónomas y el cumplimiento de su mandato”, enfatizó.

Mediante su “Señal COPARMEX” de esta semana, manifestó que los recursos suficientes, tanto del INE como del INEGI, así como de otras entidades autónomas del Estado, deben estar plenamente garantizados pues de ello depende que México madure democráticamente.

Autonomías y contrapesos en riesgo

Asimismo recordó que en los últimos años, varias de las instituciones de nuestro país se han transformado en órganos constitucionales autónomos, los cuales gozan, hasta hoy, de autonomía técnica y de gestión.

Indicó que esta consolidación de la autonomía ha resultado benéfica para el país, dado que se ha garantizado que funciones clave del Estado, como la política monetaria, el servicio de educación superior o la organización de las elecciones, no sean influenciadas por la coyuntura política, ni cooptadas por grupos de interés.

Destacó que la transferencia de facultades a órganos autónomos representa un claro avance a un esquema efectivo de división de poderes, y permite la consolidación del sistema de pesos y contrapesos del poder público, y subrayó que desafortunadamente, “hoy la autonomía pudiera estar sujeta a un riesgo evidente debido a recortes en su financiamiento.

“En particular nos preocupa que se planteen recortes presupuestales de 950 y 500 millones de pesos al INE y al INEGI, respectivamente, ya que esto les impedirá seguir realizando algunas de sus actividades críticas.

“No debemos olvidar que la autonomía sólo es una realidad si las instituciones que están investidas de esa calidad pueden garantizar su solvencia económica, sin depender de negociaciones políticas”, advirtió.

INEGI: Estrangulamiento que afectará la gestión pública

 Por otra parte recordó que desde hace más de 10 años, el INEGI ha gozado de autonomía e independencia para levantar, procesar y difundir información básica para diferentes sectores de la sociedad mexicana.

“Su actuación impecable y su relevancia para el diseño de política pública hicieron que su presupuesto aumentara a través de los años.

“Sin embargo en este año, derivado del recorte presupuestal que se plantea en el INEGI, 14 proyectos de información de gran relevancia tendrán que ser cancelados o suspendidos, entre los que destacan la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE); el Censo Agropecuario, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), y la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO), por mencionar algunos”.

La COPARMEX destacó que la información que se obtiene de estos ejercicios cuantitativos, cuya cancelación pareciera ser inminente, es un atentado a la buena política pública nacional, ya que sin la información que estos ejercicios proveen, el diseño de estrategias e investigaciones que permitan crear programas sociales y públicos más efectivos queda en entredicho.

Como ejemplo mencionó que la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas nos ha permitido saber que, para el 22.1% de las empresas del sector industrial, el marco regulatorio es un obstáculo para conseguir sus objetivos.

“Si es cancelada no podríamos saber que a quien más afecta es al sector comercio, donde más de la mitad (52.6%) de las empresas, tuvieron una percepción desfavorable sobre las cargas administrativas”.

Como otro ejemplo citó que la cancelación de la Encuesta Nacional Agropecuaria, fundamental para visibilizar la realidad del sector primario es alarmante.

“La última vez que se realizó la ENA fue en 2017, por lo que resulta imperativo que esta información se actualice, pues sin ella no será posible medir el impacto de estrategias propuestas por el Gobierno actual como los Créditos Ganaderos a la Palabra”, advirtió.

Ante ello manifestó que para la COPARMEX, “la política pública no puede hacerse con base en ocurrencias, sino que debe formularse con base en evidencia, con datos sólidos que la sustenten.

“Es preocupante que el Gobierno Federal y las mayorías en el Congreso de la Unión no puedan visualizar que, cualquier ‘ahorro’ en obtención de datos, se verá traducido en una pérdida en eficiencia para lograr sus objetivos”.

INE: La autonomía de la democracia electoral, bajo amenaza

 Asimismo subrayó que las afectaciones presupuestales también tocan al INE, que es una pieza central de los procesos democráticos.

Recordó que la labor del INE como garante hacia la consolidación democrática es innegable, y que de ello da fe el reconocimiento internacional del que goza la institución.

Advirtió que el recorte de casi mil millones de pesos merma la autonomía del Instituto, impidiendo su participación eficaz en la organización de los procesos electorales locales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas.

“El recorte aprobado limitará al INE para expedir gratuitamente millones de credenciales para votar con la eficiencia que lo ha venido realizando y en otra dimensión de su acción, para fiscalizar recursos de partidos políticos, entre otras acciones prioritarias para los procesos democráticos del país.

“Es por eso que seguimos con especial atención la controversia constitucional que el INE formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Respaldamos que el INE defienda, por las vías legales, la defensa de su viabilidad presupuestal”, puntualizó la COPARMEX.