La iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentada a la Cámara de Diputados el viernes 01 de Octubre lastima al país en materia ambiental y económica, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mientras que el Poder Ejecutivo argumenta seguridad energética y tarifas justas para el país con participación mayoritaria del Estado.
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de nueve transitorios.
Se propone desaparecer la figura que hasta la fecha tiene la CFE para ser un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado; desaparecer las filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica que se produce.
Asimismo, desaparecen contratos conocidos como de autoabastecimiento, y también la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que habían sido creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a productores privados.
Bajo este contexto, se garantiza que, cuando menos la Comisión Federal de Electricidad será encargada de producir y despachar 56 por ciento de la energía que se genera en el país, y el sector privado participar hasta en un 46 por ciento.
“La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al estado de derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país”.
consejo coordinador empresarial
Esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara, e ineficiente que sea, enfatizó el CCE.
Se permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes.
Asimismo, la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.
El presidente se ha mencionado que se encuentran en proceso de modernización 14 centrales hidroeléctricas del país con financiamiento de mil millones de dólares.
El CCE consideró que desconocen al estado de derecho y consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, lo que pone en grave riesgo la credibilidad de México como socio comercial y lo deja expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales que incluyen arbitrajes internacionales.
La cúpula empresarial afirma que la CFE no ha desarrollado centrales de generación con tecnología de energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes.
“Estamos ante una contrarreforma que parte de un diagnóstico equivocado: los preceptos constitucionales en materia de energía eléctrica no tienen como objetivo, ni como consecuencia, dañar o desaparecer a la CFE”.
Consejo Coorddinador empresarial
Advirtió que a la CFE se le condena de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de crecientes subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsistir, con lo que se vulnera el objetivo del Presidente López Obrador de no incrementar los niveles de endeudamiento ni poner en riesgo las finanzas públicas.
El CCE solicitó al Poder Legislativo reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país.