El sector privado lanzó un llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y estatales, a que apoyen, de una vez por todas, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a nivel federal.

Tras señalar que las consecuencias de la corrupción son graves en términos económicos y sociales, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, recordó que de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en países con altos niveles de corrupción la inversión es hasta 5% menor.

Añadió que de acuerdo con diversas organizaciones como el Foro Económico Mundial (FEM), el Banco de México (Banxico), el Banco Mundial (BM) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción oscila entre el 2% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.

“Ese es nuestro costo”, enfatizó Castañón Castañón, al subrayar que, por su parte, Transparencia Mexicana estima que en nuestro país, cada individuo destina el 14% de su ingreso promedio anual, a pagos extraoficiales.

Ante ello, destacó que los empresarios celebran que el Gobierno que inicia haya establecido el combate a la corrupción como una prioridad.

Dijo que sin duda México tiene que iniciar una cruzada para cerrar espacios a la discrecionalidad de los servidores públicos; terminar con el desvío de recursos gubernamentales y, en general, dejar atrás los beneficios privados por el ejercicio de una responsabilidad pública.

“Para lograrlo es necesario que construyamos instituciones sólidas y fuertes que permitan un combate efectivo contra este fenómeno, como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero hoy todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones a cabalidad.

“Por eso en el sector privado llamamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo, federales y estatales, a que apoyen de una vez por todas la implementación del Sistema, a nivel federal”, enfatizó.

Adicionalmente señaló que estado por estado se tienen que crear instituciones eficaces, y destacó que, por su parte, los empresarios se comprometen con la sociedad a tomar acciones concretas para combatir la corrupción en y desde las empresas, subrayando que ya han tomado medidas importantes:

“A partir de una propuesta del sector privado mexicano –y con el apoyo de los equipos negociadores de los tres países–, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluyó un capítulo Anticorrupción.

“Esta es una aportación sin precedentes en tratados comerciales a nivel internacional: logramos tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, así como obligar a los tres gobiernos a establecer medidas eficaces para su prevención y sanción”.

Indicó que así avanzan en la modernización del Tratado y fomentan un mejor ambiente de negocios en la región norteamericana y en nuestro país en particular, pero aclaró que este paso adelante no sustituye los esfuerzos que internamente tenemos que hacer para construir una sociedad más íntegra y apegada a una cultura de cumplimiento escrupuloso de la ley.

Simplificación

“Por eso, al lado de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los empresarios hemos trabajado para detectar y simplificar aquellos trámites que son más proclives a la corrupción, y en adelante queremos seguir trabajando con el nuevo Gobierno para establecer una regulación más efectiva y transparente; simplificar esos trámites y digitalizarlos para que sean más eficientes, transparentes y menos discrecionales”, destacó Castañón.

Asimismo dijo que además, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), realizaron el Modelo del Programa de Integridad Empresarial, el cual representa el esfuerzo de los empresarios por combatir las prácticas de corrupción entre empresas, y en la relación de las empresas con el sector público.

En este contexto destacó que en el CCE también actualizaron su Código de Integridad y Ética Empresarial, e implementaron normas orientadas no sólo a prevenir, sino a sancionar los actos de corrupción.

Recordó que su objetivo es propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo y crecimiento de las inversiones, los negocios y los emprendedores, para poder generar empleo de una manera ordenada y eficiente.

Añadió que cuentan con la participación y anuencia de todas las organizaciones empresariales para el diseño e implementación de los protocolos para el análisis de riesgos en materias de corrupción, y que ahora las empresas contarán con herramientas para consolidar de manera exitosa su política de integridad.

“Estamos convencidos de que este problema no solo recae en el sector público ni en un solo orden de Gobierno, sino que es responsabilidad de todos generar un cambio: Estados, municipios, ciudadanos y empresas debemos ser parte de esta cruzada, primero evitando actos cotidianos de corrupción –como dar dinero a un policía para evitar una multa de tránsito–, pero también denunciando y exigiendo justicia, probidad y orden en todos los ámbitos.

“Tenemos el gran desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, y debemos trabajar todos juntos haciendo cada quien lo que nos corresponde. Los empresarios estamos poniendo el ejemplo, trabajando por delante.

“Debemos transformar la cultura cívica mexicana para que la corrupción sea intolerable y la denuncia ciudadana permita castigar a quienes la cometen, en lo público y en lo privado. En el sector privado refrendamos nuestra voluntad por construir juntos un mejor país”, puntualizó Castañón Castañón.