La evaluación y fiscalización de los programas de las políticas públicas son un contrapeso del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en la ejecución de los recursos públicos con rendición de cuentas que ofrezcan los resultados de las mismas, destacó un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
En el documento Panorama de órganos de fiscalización en Latinoamérica, que analizó a México, Argentina, Perú, Chile y Uruguay, se expuso que las tareas de fiscalización, como sucede con la evaluación de políticas públicas, son actividades que pueden promoverse desde distintas esferas.
El documento del IBD describe el conjunto de mecanismos para llevar a cabo tareas de fiscalización con los que cuenta el Poder Legislativo en algunos países de Latinoamérica.
Destacó que las recomendaciones en conjunto con las entidades fiscalizadas promueven la utilidad de esta actividad para la mejora de la acción pública. Además, generan evidencia para informar y justificar decisiones y, en consecuencia, rendir cuentas.
Las actividades de fiscalización, junto con las de evaluación, constituyen un amplio repositorio de evidencia para la rendición de cuentas.
Ambas actividades parece ser un punto de partida importante para impulsar su utilización tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, concluye el documento del IBD.