La inversión productiva en México vive una etapa de incertidumbre porque los proyectos que impulsa el gobierno no tienen los estudios costo-beneficio, además de que la reforma energética prácticamente está detenida con la entrada del nuevo gobierno, alertó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) el nuevo gobierno y sus políticas generan preocupación para incentivar la inversión.
La consultora AT Kearney señaló que en su edición 2019 del Índice de Confianza del Inversión Extranjera Directa (IED), México cayó ocho posiciones para ubicarse en el lugar 25 del ranking que considera este indicador.
Esta pérdida de lugares se da a pesar de que la calificación de México subió ligeramente, al pasar de 147 puntos en 2018 a 149 puntos en 2019, lo que implica que la caída en el ranking refleja un entorno internacional más competitivo para la IED.
Por otra parte, además de que el reporte de la consultora señala que el optimismo económico es el más débil para México entre los 25 primeros países del índice, prevalece la preocupación de que el Estado intervenga significativamente en sectores estratégicos, como la extracción y refinación de petróleo y la generación de energía eléctrica, deteniendo la reforma energética aprobada en 2014 y cancelando muchas oportunidades que ésta abría.
En el pasado esto ha ocasionado que las calificadoras hayan modificado su expectativa crediticia del país, poniendo en riesgo la calificación soberana, puntualizó el organismo de la IP.
“Sin duda esta percepción se puede agravar ahora que el gobierno decidió declarar desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, dejando la responsabilidad de ello a la Secretaría de Energía y Pemex, sobre todo cuando se prevé un entorno de recursos públicos limitados”, advirtió el CEESP.
Además, se tiene la tendencia descendente que muestra la inversión en la economía desde mediados del 2015, así como la incertidumbre sobre algunos eventos y anuncios que parecen ir en contra de los incentivos para la inversión privada, como el freno a la reforma energética o la cancelación del aeropuerto.
Respecto a la inversión pública, además de ser históricamente baja, no hay seguridad de que los proyectos que el gobierno integró en el presupuesto tengan rentabilidad social y económica, especialmente cuando no hay estudios beneficio/costo que confirmen su viabilidad, señaló el CEESP.
Los estudios son requeridos por la ley de responsabilidad hacendaria (la ley de presupuesto) a fin de que formen parte de una cartera. La ley indica que los proyectos de inversión que entren al presupuesto deben provenir de esa cartera. Preocupa que el debido procedimiento no se haya cumplido.
En la medida en que la inversión, pública y privada, no contribuyan a elevar el ritmo de crecimiento de la economía, podría ponerse en riesgo la estabilidad macroeconómica, toda vez que, en un entorno de bajo crecimiento, las fuentes de recursos del sector público se verían más limitadas, complicando las metas fiscales, consideró el sector privado.
Para estimular la inversión privada y restablecer las expectativas favorables, se deben considerar factores que, de manera simultánea, generen un entorno de confianza y certidumbre para elevar los flujos de capital en proyectos productivos que apoyen la disminución de los niveles de pobreza.
“No hay duda de la necesidad de facilitar la capacidad empresarial a través de un ambiente de negocios seguro que se consolide como un incentivo natural para el flujo de recursos privados”.
El costo de no llevar a cabo la inversión pública que se requiere es posponer la solución de las carencias que tiene nuestro país y continuar limitando el bienestar de nuestra población, apuntó el CEESP.