El monto de los ingresos de los productos criminales “lavados” anualmente ascienden a entre 1.6 y 4 billones de dólares, es decir, entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, señaló Rhoda Weeks-Brown, consejera general y directora del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al hacer referencia a información reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la especialista señaló que cada vez más países avanzan en los esfuerzos para evitar que los criminales “laven” sus billones de dólares.

“Al Capone tenía un problema: necesitaba una manera de disfrazar las enormes cantidades de dinero generado por su imperio criminal como ingresos legítimos, y su solución fue comprar lavanderías en efectivo; mezclar dinero sucio con limpio, y luego afirmar que lavar las camisas y calcetines de los estadounidenses comunes, en lugar de apostar y contrabandear, era la fuente de su riqueza.

“Casi un siglo después, el concepto básico de ‘lavado de dinero’ es el mismo, pero su escala y complejidad han aumentado considerablemente. Si Al Capone estuviera vivo hoy, tendría que hacer funcionar sus lavadoras y secadoras las 24 horas del día para mantener el ritmo de la demanda”, enfatizó Weeks-Brown.

Amenaza a la estabilidad

Recordó que el “lavado” de dinero es lo que permite a los delincuentes obtener los beneficios de sus delitos, incluida la corrupción, la evasión fiscal, el robo y el tráfico de drogas y de migrantes, y añadió que muchos de estos crímenes representan una amenaza directa para la estabilidad económica.

Dijo que la corrupción y la evasión fiscal dificultan que los Gobiernos logren un crecimiento sostenible e inclusivo al disminuir los recursos disponibles para fines productivos, como la construcción de carreteras, escuelas y hospitales.

“La actividad criminal socava la autoridad estatal y el Estado de Derecho al tiempo que exprime la actividad económica legítima, mientras el ‘lavado’ de dinero puede crear burbujas de activos en mercados como los bienes raíces, un vehículo común”, enfatizó.

Como ejemplo reciente de lo anterior, refirió que un ministro de Guinea ayudó a una compañía extranjera a obtener importantes concesiones mineras a cambio de 8.5 millones de dólares en sobornos.

“El ministro lo transfirió a Estados Unidos (EU) y compró una propiedad de lujo en Nueva York, pero su esfuerzo por convertir las ganancias mal logradas en un activo aparentemente legítimo finalmente no tuvo éxito y el año pasado fue condenado por lavado de dinero”.

Añadió que en cierto modo las casas caras son la colección de lavanderías del “mafioso moderno”, y recordó que un aviso público emitido por las autoridades de EU el año pasado, indicó que más del 30% de las compras de bienes raíces en efectivo de alto valor en la ciudad de Nueva York, y en varias otras áreas metropolitanas importantes, fueron realizadas por personas que ya se sospecha que están involucradas en negocios cuestionables.

Dijo que los Gobiernos de Australia, Austria, Canadá y otros países, han llegado a la conclusión de que sus propios mercados inmobiliarios también podrían utilizarse para invertir y “lavar” dinero sucio.

Financiación del terrorismo

Asimismo subrayó que aún más preocupante resulta que el dinero sucio mezclado con el dinero limpio, puede ser una fuente de financiamiento para el terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva.

Señaló que los grupos terroristas necesitan mucho dinero para compensar a los combatientes y sus familias; para comprar armas, comida y combustible, así como para sobornar a los “funcionarios torcidos”.

Además indicó que la proliferación no es barata, y como ejemplo citó que Corea del Norte ha dedicado una parte sustancial de sus escasos recursos al desarrollo de armas nucleares.

Por otra parte señaló que los países con débiles programas de lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo (LCLD/FT) podrían ser convocados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización global que establece estándares.

“Una vez que los países son considerados vulnerables a los flujos financieros ilícitos, sus bancos pueden enfrentar daños a la reputación a largo plazo, demandas costosas de documentación adicional por parte de socios comerciales internacionales, y la pérdida de las relaciones bancarias correspondientes.

“Esto puede marginar economías ya frágiles, amenazar los canales de remesas y la Inversión Extranjera Directa (IED), y conducir los flujos financieros a la clandestinidad. Por lo tanto, ignorar la LCLD/FT o demorar las reformas relacionadas ya no es una opción”, afirmó.

Dijo que afortunadamente este mensaje está empezando a resonar, y que bajo el liderazgo del GAFI, y con el apoyo del FMI, de la ONU, el Banco Mundial (BM) y otras partes interesadas, casi todos los países han tipificado como delito el “lavado de dinero” y el financiamiento al terrorismo, y han establecido un marco legal para congelar los activos terroristas.

Sin embargo agregó que esta labor está lejos de terminar. “Ya sea por la persistencia de lagunas legales e institucionales, o por la innovación de los delincuentes (o ambos), no hay escasez de escándalos de ‘lavado’ de dinero en las noticias. Como ejemplo, los especialistas actualmente investigan la posibilidad de que la mayor parte de unos 233 mil millones de dólares en pagos, se lavaron a través de la sucursal estonia de Danske Bank, desde el 2007 hasta el 2015”.

Tecnología financiera

Por otra parte, Rhoda Weeks-Brown indicó que el rápido desarrollo de la tecnología financiera ha complicado aún más el panorama.

Mencionó que las transferencias de dinero móvil, los libros de contabilidad distribuidos y las monedas virtuales tienen usos legítimos y productivos, pero también pueden usarse para ocultar o facilitar la actividad delictiva.

“Dicho de otra manera, los pagos de los consumidores casi gratuitos y los pagos de rescate casi imposibles de rastrear, son dos caras de la misma moneda (Bit). Entonces, ¿cómo deberían los países priorizar su respuesta ante este desafío en evolución y globalización?”.

Dijo que primero deben prestar atención al llamado del GAFI para comprender y abordar las amenazas que surgen del cambio de tecnología, pero tienen que hacerlo sin sofocar la innovación y la inclusión financiera.

El objetivo debe ser aumentar la transparencia, saber quién está detrás de las transacciones financieras; dónde y con qué propósito, sin aumentar excesivamente los costos de transacción o conducir los flujos financieros a la clandestinidad, agregó.

Como segundo punto señaló que deberían eliminar las barreras legales y prácticas para la cooperación internacional.

“Detectar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo requiere tanto de salvaguardar como de compartir información financiera, y disuadir a los criminales requiere seguir el rastro del dinero sucio o el dinero destinado a propósitos nefarios, donde sea que lo lleven”.

Por último indicó que deben continuar fortaleciendo la efectividad de sus esfuerzos para mitigar los riesgos identificados, y puntualizó que ya sea que las leyes nacionales contra el “lavado” de dinero y el financiamiento al terrorismo sean perfectas o no, “más allá de las leyes en los libros, la implementación consistente (y persistente) es fundamental para lograr resultados duraderos”.

Esfuerzos

La especialista señaló que dado su mandato para preservar la estabilidad económica y la integridad financiera, el FMI mantiene un extenso programa antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT), que incluye la participación activa en los esfuerzos internacionales para crear conciencia sobre la amenaza y generar respuestas efectivas, junto con la provisión de asesoramiento y conocimientos para más de 100 de sus miembros, y contando.

Como ejemplo de estos esfuerzos mencionó que en Ucrania están trabajando con las autoridades nacionales para evitar que los funcionarios corruptos abusen de los bancos, y dijo que como resultado, las sanciones regulatorias por violaciones ALD/CFT y el reporte de transacciones sospechosas están aumentando, produciendo un número significativo de investigaciones de corrupción y procesamientos de funcionarios públicos de alto nivel.

También refirió que en Libia, el FMI ayudó a las autoridades a elaborar una nueva ley ALD/CFT que criminalizaba el financiamiento del terrorismo y establecía las bases legales para la imposición de sanciones contra terroristas reconocidos.

“Y en el Caribe, donde el retiro de las relaciones bancarias corresponsales es una preocupación crítica, convocamos a bancos internacionales y a sus contrapartes locales para fomentar la cooperación bilateral para abordar las brechas de información y cumplir con las expectativas regulatorias. Un banco global que había abandonado la región ahora ha decidido restablecer los lazos con algunos bancos locales.

“El FMI se compromete a ayudar a sus miembros a identificar las ‘lavanderías’ de dinero sucio de hoy, y a cerrarlas. Las apuestas nunca han sido más altas”, concluyó Rhoda Weeks-Brown, consejera general y directora del Departamento Legal de este organismo.