La cúpula empresarial demanda que la seguridad pública mejore notablemente porque el país no puede ser “rehén” del crimen organizado, ni de la pasividad de las autoridades.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apuntó que con este tipo de ambiente las empresas mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más empleos.
Consideró como urgente que los tres órdenes de gobierno recuperen cuanto antes la seguridad en todo el país.
“La anarquía con la que la semana pasada el crimen organizado en Michoacán robó e incendió vehículos para bloquear vías de comunicación; la impunidad con la que hoy esos delincuentes están en las calles; así como la indolencia con la que han actuado las autoridades son inaceptables. México no puede ser rehén del crimen organizado ni presa de inacción de las instituciones” enfatizó el CCE.
Especificó que es necesario que se tomen medidas ejemplares y expeditas para poner un alto a la delincuencia que sigue creciendo en el país.
“En 2018, se tuvo el Enero con más homicidios desde que se tiene registro. El robo a autotransporte creció 85 por ciento en 2017, con respecto al año anterior. Y, en general, en dos de cada tres estados se cometen más delitos que antes. En todo el país, los delitos denunciados se incrementaron en más de 10 por ciento en el último año”.
La delincuencia no es el único desafío para el Estado de derecho. Hace unas semanas, muchas empresas establecidas en Michoacán -y las que dependen de su cadena de suministro en la industria automotriz, por ejemplo- tuvieron que suspender o reducir sus operaciones por las protestas de grupos que actúan por encima de la ley.
La toma de las vías férreas generó un costo estimado en más de 600 millones de pesos para las empresas, que son quienes asumen los costos de la falta de acuerdos políticos.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project, México se encuentra en el lugar 92 de 113 países considerados, cuatro lugares más abajo que un año anterior. Por la calidad de nuestras instituciones, el Foro Económico Global nos ubica en la posición 123 de 137 países, prácticamente entre el 10 por ciento peor evaluado.
Como parte de la agenda pública del sector privado, los empresarios promueven medidas que refuerzan la seguridad pública y la prevención del delito, que garantizan la certidumbre de la propiedad, la procuración de justicia y la disminución de la corrupción e impunidad
“Demandamos que las instituciones de seguridad -de los tres órdenes de gobierno- recobren el control del Estado y el monopolio de la fuerza en todo el país. Y los conminamos a que sancionen a quienes violentan nuestros derechos como empresarios, trabajadores y ciudadanos”, concluyó el CCE.
