Los micro, pequeños y medianos (mipymes) tendrán un marco legal con programas, esquemas y mecanismos para su desarrollo por la propuesta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República.
Con el propósito crear incentivos, promover, proteger y velar por los derechos de los particulares ante las autoridades, la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Gloria Sánchez Hernández, inscribió una iniciativa para reformar el Artículo 25 de la Constitución para darle vida a una «Defensoría de Micro, Pequeño y Mediano Empresario«,
Sánchez Hernández destacó que las mipymes representan casi 98 por ciento del total de unidades económicas, generan más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En todo el país, en el sector de la manufactura hay 489 mil 530 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 458 mil 96 corresponden a las micro empresas, 20 mil 455 a pequeñas empresas y 7 mil 431 a medianas empresas.
En el sector comercio, se registran dos millones 42 mil 641; de las cuales un millón 978 mil 887 corresponden a micro empresas, 43 mil 967 a pequeñas empresas y 14 mil 454 amedianas empresas.
En el renglón de servicios, se tiene un estimado de un millón 637 mil 362; de las cuales un millón 560 mil 949 son microempresas, 64 mil 274 son pequeñas empresas y cinco mil 923 son medianas empresas.
Sin embargo, acotó Sánchez Hernández, pese a su valor estratégico la realidad de las mipymes no es del todo favorable, ya que muchas de ellas enfrentan graves obstáculos para su desarrollo.
Se estima que el 75 por ciento de las empresas que abren en nuestro país quiebran durante los primeros cinco años por distorsiones del mercado, exceso de trámites, la falta de crédito para capital de trabajo o para invertir, la corrupción de autoridades, la inseguridad pública y las regulaciones excesivas.
“Se requiere una Ley que establezca la implementación de programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades económicas para su desarrollo”.
La senadora de Morena destacó que las condiciones económicas nacionales y globales obligan a darles prioridad a la protección y desarrollo, así como asumir en este tipo de empresas un enfoque de viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.