La consulta pública del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue “la mejor manera de legitimar una decisión ya tomada”, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El sector privado indicó que la consulta estuvo plagada de inconsistencias, sin representatividad, parcial y sin posibilidad de ser vinculatoria, era de esperar que los resultados dieran por ganadora la propuesta de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, un proyecto sumamente complejo que se estudió por más de 20 años.
Aseguró el CEESP que la consulta popular fue “la mejor manera de legitimar una decisión ya tomada” ante una propuesta alterna del nuevo gobierno que implica el reacondicionamiento del aeropuerto actual de la Ciudad de México, la construcción de dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía y la reactivación del aeropuerto de Toluca, pero que hasta ahora no existe proyecto definitivo que avale su viabilidad.
El sector privado expone que si el pueblo es sabio, “los mercados pueden serlo más, ya que no solo consideran el resultado inmediato, sino que reflejan la percepción de mediano y largo plazos”.
Las decisiones sobre el desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración López Obrador y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco alertaron a las calificadoras por la incertidumbre generada, la fortaleza del estado de derecho y el respeto a las reglas del juego en el país.
La incertidumbre y la preocupación por las acciones del nuevo gobierno siguieron aumentando de tal forma que en un nuevo comunicado la calificadora Fitch Ratings anunció un cambio en la calificación de la deuda soberana de México de estable a negativa, como consecuencia del “deterioro en el balance de los riesgos que enfrenta el perfil crediticio de México, asociado a un posible ambiente de incertidumbre y deterioro en las políticas bajo la próxima administración, así como a riesgos crecientes de pasivos contingentes para el soberano provenientes de Pemex».
Los efectos en conjunto de esta coyuntura se reflejaron en un aumento de cerca de 35 puntos base en las tasas de interés, así como una constante depreciación del tipo de cambio que lo ha llevado a superar los 20 pesos por dólar.
El aumento de las tasas de interés podría presionar al alza el costo financiero del sector público en cerca de 7 mil millones de pesos (mdp), además de que la depreciación de 2.7 por ciento en el tipo de cambio, del 24 de Octubre al 01 de Noviembre, eleva el valor del saldo de la deuda externa del sector público en poco más de 100 mil mdp, en tanto que el saldo de la deuda externa privada aumenta en aproximadamente 61 mil mdp.
La depreciación del tipo de cambio puede incidir en los niveles de inflación y por ende en el poder adquisitivo de las familias. Corregir esta situación podría requerir mayores tasas de interés, afectando el consumo y el ritmo de crecimiento de la economía.
Otro aspecto que preocupa es la modificación del artículo 35 constitucional que busca relajar las limitantes para llevar a cabo consultas populares. “No obstante, un tema que puede ser incluso más preocupante es la intensión de modificar el mandato del Banco de México, de tal manera que se incluya el empleo y el crecimiento como objetivos del banco central, así como la obligación de financiar proyectos del gobierno federal”.
“Un entorno como este, afecta la imagen de México en el contexto mundial, además de que puede limitar su potencial para atraer inversión extranjera. Evidentemente estamos ante un ambiente complejo, en el que es importante definir cuál es la mayor preocupación, si la cancelación de la construcción del aeropuerto, las decisiones de cambio en la percepción de las calificadoras o la forma en que actuará del nuevo gobierno”, concluyó el CEESP.