La cúpula empresarial advierte que con una serie de cambios menores a la recién aprobada ley de Extinción de Dominio se eliminarían las preocupaciones para los sectores productivos que trabajan de manera honesta y adecuada.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Carlos Salazar Lomelín, indicó que han sostenido diversos encuentros con legisladores para expresarles su preocupación sobre la legislación aprobada.
“Esta ley de Extinción de dominio nos parece correcta, sin embargo nos preocupa enormemente, la manera en que los contribuyentes y las personas que de buena fe actuamos en la vida económica diaria de nuestro país, nos puede afectar por este tipo de discrecionalidad que se les está entregando a la autoridad a través de la ley”.
Salazar Lomelín enfatizó que no son los únicos preocupados por la legislación aprobada hace un par de semanas, ya que “el PRI tiene una serie de reservas, el PRD lo hizo el día de hoy, entendemos que Acción Nacional lo hará en los próximos días y muy seguro Movimiento Ciudadano presentará sus propias reservas y los demás partidos que nos representan en el Congreso”.
Explicó que toda se refieren a la discrecionalidad cuando la autoridad aplica los derechos para identificar a alguien que tenga la posibilidad de perder una propiedad por haber sido utilizada para la delincuencia organizada.
También les preocupa porque los “banqueros pueden tener esa propiedad hipotecadas, fruto de un crédito a ese agente económico que puede estar relacionado o acusado, ya que la prueba de cargo queda en el acusado, cuando siempre nuestras leyes se habían basado en que la autoridad tenía que probar la culpabilidad, así este tema nos preocupa, le pedimos a los legisladores que traten de oír nuestras preocupaciones”.
En la conferencia estuvieron presentes el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, y el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Carlos Rojo Macedo.
Finalmente, Salazar Lomelín dijo que una ley buena no debe provocar temores y desconfianza en el actuar diario de sus actividades económicas y empresariales de los ciudadanos.