Para que la inversión pública y privada sea eficiente en el desarrollo de infraestructura se debe ejercer con los principios de rentabilidad social y económica para que los beneficios los obtenga la población y no se genere un gasto que dañe a los contribuyentes y beneficie a las empresas por obras sin razón, señaló el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) especificó que el acuerdo firmado entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente requiere precisar dos aspectos fundamentales.
“En primer lugar, es necesario que los proyectos de inversión pública cuenten con una evaluación de costo beneficio ex ante que muestre que tienen rentabilidad social para que puedan ser incluidos en el presupuesto federal”.
Agregó que es un mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para evitar el desperdicio de recursos del Estado en proyectos que no generen un valor presente neto en términos sociales.
Aclaró que la rentabilidad social, a diferencia de la privada, toma en cuenta los impactos indirectos de los proyectos en áreas de interés público, como el medio ambiente.
Cuando se tenga la colaboración del sector privado en proyectos públicos a través de las asociaciones público privadas o (APP), es necesario que los riesgos se asignen justa y correctamente entre los sectores privado y público.
“Conviene subrayar este aspecto ya que en México y en el mundo hay muchos casos en los que el sector público, y finalmente el contribuyente, han terminado adoptando riesgos en exceso, lo que a su vez deriva al final en mayores costos, en proyectos en los que la participación privada más bien ha disfrutado de los beneficios”, destacó el CEESP.
Asimismo, señaló que ha insistido en incrementar la inversión, tanto pública como privada, a fin de impulsar un mayor crecimiento de la economía durante varios años.
Destacó urgente disponer de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles de calidad, un sector energético eficiente y confiable, así como de obras como presas, canales de irrigación y servicios de agua y drenaje, es sin duda necesario para la eficiencia y productividad de las empresas.
Sin embargo, por ahora la mayor parte del presupuesto del gobierno federal se destina a gasto social, y la menor parte a la inversión, lo que repercute en el crecimiento de la economía.
Para este año se prevé que la inversión continue con su tendencia descente al pasar de 2.8 a 2.7por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La intención del acuerdo entre el gobierno federal y el CCE es elevar esta proporción al lograr que la inversión represente el 25 por ciento del PIB, del que 20 por ciento será privada y 5 por ciento pública para mejorar la condiciones del país.
“Una buena infraestructura reduce los costos de producción, haciendo más competitivo al aparato productivo y beneficiando a los hogares”, concluyó el CEESP.