Las propuestas y acciones de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se plantean para mejorar la vida de las personas, se estima tendrán un costo superior a los 2 billones de pesos en todo el sexenio, los que no deberán provenir del endeudamiento para no dañar la salud de las finanzas públicas, afirmó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), indicó que después de la cancelación del NAIM y de medidas legislativas para prohibir comisiones bancarias, manejo de Afores, entre otras, se ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación en cuanto al desempeño de la actividad económica del país.
Además, se tiene la segunda consulta en la que se pusieron a consideración de la población temas como la construcción del Tren Maya; del Tren Trans-ístmico; de una refinería; plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas; aumentar al doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años; becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes; becas a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior; pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad; garantizar atención médica a toda la población que no cuenta con servicios de salud, así como proveer cobertura gratuita de internet en todo el país.
“Si bien todas estas medidas son favorables, es necesario que cada una de ellas cuente con un análisis exhaustivo de sus costos y beneficios, pero sobre todo con el objetivo de evitar que incidan negativamente en la salud de las finanzas públicas, que es fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica como principal factor para impulsar un ritmo de crecimiento más elevado y que terminaría afectando aún más a quien se pretende beneficiar”, enfatizó el CEESP.
Destacó que la preocupación de los mercados por las políticas y acciones que se han dado a conocer, ha llevado a varias agencias calificadoras a modificar la perspectiva de la deuda soberana del país de estable a negativa, lo que en principio presionó significativamente el tipo de cambio y posteriormente se observaron aumentos importantes en el riesgo soberano y las tasas de interés internas de mediano y largo plazos.
Hasta ahora no hay una cifra que indique el total de recursos necesarios para cumplir los objetivos gubernamentales, no solamente durante el 2019 en donde en algunos casos se presupuestarán montos para realizar estudios y preparar los proyectos, sino tener claridad de los recursos futuros que habrán de comprometerse para la realización de los mismos.
En este ambiente de incertidumbre “los costos generados por este entorno reflejan que, del último día de Julio al 07 de Diciembre el tipo de cambio reporta una depreciación de 9 por ciento, con la expectativa de cerrar el año en niveles cercanos a los 21 pesos por dólar”.
Por su parte, el mercado bursátil muestra, en el mismo periodo, una pérdida de 15.8 por ciento. Asimismo, las tasas de interés de largo plazo (bonos a 10 años) se incrementaron de 7.8 por ciento a 9.1 por ciento y la prima de riesgo, respecto a los Estados Unidos, se elevó de 760 a 875 puntos base.
Un aspecto que refleja la incertidumbre es la disminución 11.1 mil millones de dólares en el saldo de valores gubernamentales en poder de no residentes, lo que incide en la evolución del tipo de cambio y de las tasas de interés.
A este cúmulo de acciones se suma el PEF 2019, del que se anticipó será austero y con importantes reasignaciones de recursos para una mejor función del gobierno federal, existe la preocupación de que dado lo costoso que será cumplir con todos los proyectos anunciados por el nuevo gobierno, aumente la posibilidad de que se tenga que hacer uso de recursos de deuda.
Al tomar como referencia el documento de Proyecto de Nación que publicó Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se puede hacer una estimación de los recursos necesarios para dar vida a todos los proyectos anunciados.
«Considerando los proyectos mencionados en el documento como la construcción del Tren Transpeninsular, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Tren Maya y otros complementarios, el gobierno necesitaría aproximadamente 2.3 billones de pesos durante el sexenio 2018-2024, cifra equivalente a aproximadamente 9.1 puntos del PIB», estimó el CEESP.
Sin embargo, al considerar el costo fiscal que representa la disminución del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza, además del costo que implica la cancelación del NAIM y la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucia, el costo total se elevaría a 2.6 billones de pesos, es decir, 10.3 puntos del PIB.
En caso de que la reingeniería del gobierno en las finanza públicas y sus reasignaciones no sean suficientes para financiar los proyectos de gobierno y su eficiencia productiva, no se debe acudir a la deuda del sector público repuntaría con efectos nocivos para toda la actividad económica.
Las necesidades del país ahora se deben centrar en la instrumentación de políticas que propicien un ambiente de certidumbre que estimule la permanencia y llegada de inversión productiva, con el objetivo de aumentar la capacidad de creación de más empleos mejor remunerados, que es la mejor manera de reducir los niveles de pobreza, concluyó el CEESP.