En la antesala del fin del sexenio del gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, termina a tambor batiente con la reforma judicial para que México y sus ciudadanos tengan mejores condiciones de vida en los temas sociales y económicos, lo que genera desencuentros entre las grandes corporaciones y el Poder Público.
El presidente López Obrador argumenta que la reforma constitucional judicial que envió el pasado 05 de Febrero a la Cámara de Diputados fue por un cuestionable desempeño de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al tener las disputas fiscales con empresarios que involucran más de 60 mil millones de pesos con Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas y otras 13 empresas que no dio a conocer que adeudan 130 mil mdp al fisco federal.
Además, López Obrador indicó que la liberación de presos del crimen organizado se genera principalmente en los “sabadazos”.
Con este escenario el primer mandatario sostiene que la cúpula del Poder Judicial y otros integrantes cumplen su funcionamiento de forma corrupta por centrarse en el servicio a los grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros que buscan aprovecharse de manera ventajosa su posición en detrimento de las mayorías.
Algunos empresarios se han manifestado en contra de la propuesta presidencial para reformar un Poder Judicial, en el que reconocen que su funcionamiento es deficiente y se debe adecuar a los tiempos modernos para que se tenga un estado de derecho que respete a las inversiones y a los ciudadanos ante el Mexican Moment II que genera el nearshoring.
Esta situación negativa en México, reconocida por gobierno, instituciones, empresarios y ciudadanos, no es exclusiva de México, ya que el World Justice Project, reportó que en 2023 el Índice Global de Estado de Derecho 2023 cayó en todo el mundo por sexto año consecutivo con los mayores retrocesos en la administración de justicia y el debilitamiento de la aplicación de la ley, situaciones en las que México no es la excepción.
Para lograr un estado de derecho se debe de tomar en cuenta que se involucra la ética empresarial y personal que impulsa las mejores prácticas de negocio para que la corrupción sea relegada, sin embargo, en este renglón existen dificultades por los intereses que dominan la esfera pública con escándalos gubernamentales y de personajes de la vida pública.
Sin duda, para reformar el Poder Judicial es necesaria e indispensable la colaboración del sector público, privado y académico para que las empresas, negocios y personas sientan un estado de derecho que defiende los intereses por igual, sin detrimento de unos en favor de otros, que las cosas sean justas y legales como lo exige el espíritu de la ley y cualquier sistema legal que se precie de serlo.
Interesante artículo. Sin duda, una reforma al Poder Judicial amerita que todos los sectores de la sociedad se involucren y comprometan a actuar en consecuencia. Solo destacaría la necesidad de reconocer que debe haber un cambo en la materia; es inaceptable saber de los famosos «sabadazos» y casos que tienen atorados por favoritismos, cuando situaciones de demandas o denuncias del ciudadano común, están sin respuesta. El tema está muy politizado y las partes involucradas están polarizadas. No todo es completamente negro o blanco, pero el entorno actual exige encontrar un punto de equilibrio y por lo tanto, de solución.