La constante baja en el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana y las amenazas externas generan un ambiente de incertidumbre y de expectativas poco positivas para el presente año, afirmó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que la disminución de las perspectivas de crecimiento refleja el debilitamiento de la actividad económica por factores internos y externos.
En los aspectos internos se encuentran los problemas de inseguridad pública, la incertidumbre política interna, la corrupción, impunidad y la falta de estado de derecho.
No obstante, la inquietud que han creado las políticas del nuevo gobierno no genera incentivos adecuados para la inversión.
El sector privado apuntó que desde la cancelación del NAIM, hasta el anuncio de que la refinería de Dos Bocas que inicia este domingo, se vive un ambiente incierto porque se iniciará sin haber dado a conocer el estudio de impacto ambiental y el análisis de beneficio-costo al que obliga la Ley de responsabilidad hacendaria y presupuesto.
Además se tiene la preocupación por las fuertes sumas de recursos destinados a programas asistenciales, el recorte de otros programas de seguridad social, así como la existencia de proyectos sin un claro beneficio social y económico.
“Un entorno como este, aunado a las nuevas presiones del gobierno estadounidense pueden inhibir aún más la posibilidad de elevar el ritmo de avance de la economía alejando cada vez más el objetivo de poder lograr tasas de crecimiento de 4 por ciento”, alertó el CEESP.
En el entorno internacional se ubica la debilidad de crecimiento, las presiones arancelarias de Estados Unidos que comenzarían el próximo 10 de Junio, la complejidad que enfrentará la ratificación del T-MEC.
Después de los anuncios de Trump, el mercado cambiario ya reacciona ante esa nueva fuente de incertidumbre con depreciación significativa del peso frente al dólar.
Bajo esta perspectiva es necesario reforzar los aspectos que faciliten la inversión privada, además de reactivar la inversión pública.
Dichos aspectos incluyen la vigencia del estado de derecho, la claridad y transparencia de los procesos judiciales, la competencia de los mercados y la mayor inclusión en los mismos.
Asimismo, una evaluación de los proyectos de inversión pública, la protección de la competitividad y en general la reducción de los costos de la economía que se han elevado por fallas en la seguridad pública, el transporte, la regulación y trámites excesivos, y la extorsión en diversas actividades, concluyó el CEESP.