El sector privado y el gobierno federal han llegado a un acuerdo para impulsar la inversión productiva y generar la infraestructura necesaria ante la caída de recursos registrada en los últimos 10 años, informó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) especificó que la función del gobierno es crear las condiciones para que las empresas se desarrollen eficientemente, para lo que es fundamental recursos destinados a la infraestructura.
“El gobierno federal ha decidido canalizar pocos recursos de su presupuesto a ese fin y decidió privilegiar programas sociales asistencialistas mediante transferencias monetarias directas, sin una evaluación que permita conocer o asegurar su eficiencia en el abatimiento de la pobreza”, puntualizó.
Destacó que las prioridades de inversión reveladas por el gobierno provocan reservas que se perciben en las decisiones privadas de inversión.
Las razones son evidentes: “la falta de claridad de las políticas públicas, la defensa de proyectos de inversión pública que se pretenden realizar a pesar de toda la evidencia técnica en contra, la pasividad del gobierno ante la falta de infraestructura suficiente y eficiente, los elevados niveles de violencia e inseguridad, las iniciativas legales que al menos en apariencia atentan contra las garantías individuales, y un discurso público en ocasiones divisorio socialmente, inhiban decisiones de inversión privada”.
Para superar esta situación, se tiene un acuerdo entre el gobierno y el sector privado para poner en marcha un mecanismo que permita facilitar la inversión privada en infraestructura.
“Hay un buen número de proyectos de infraestructura pública y privada que pueden ser llevados a cabo con financiamiento, operación y riesgo privados bajo diversos esquemas, pero que no exigirían mayores recursos del erario si se cumplen las condiciones que habrán de definirse en el citado acuerdo”.
El involucramiento decidido del gobierno a su más alto nivel y en sus distintas ramas es indispensable para resolver diversos factores que representan obstáculos para la concreción de la inversión privada en los proyectos, enfatizó el CEESP.
Bajo este mismo paraguas, el trabajo coordinado de los sectores público y privado, bajo un esquema de cooperación, reglas claras, legalidad y certidumbre jurídica, seguramente ayudará a cumplir los objetivos de crecimiento y bienestar y disminuir la baja de inversión en la última década.
Se dará marcha atrás a la tendencia decreciente, ya que 2019 sería el décimo año consecutivo con variaciones negativas en la inversión pública y su importancia dentro del PIB continuaría su declive por el gasto corriente, concluyó el CEESP.