Las transferencias federales a los estados mexicanos para gasto en infraestructura probablemente disminuirán en 2019, dado que el Gobierno Federal busca contener el gasto, advirtió Moody’s Investors Service.

Agregó que esta situación, junto con el estancamiento de los ingresos propios y el aumento del gasto corriente, ha llevado a los estados a recortar el gasto en infraestructura, a pesar de que los niveles ya de por sí son bajos.

Moody’s recordó que en septiembre de 2018, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Gobierno entrante revisará las transferencias federales, en particular el Ramo 23 (incluido en convenios), del cual aproximadamente el 41% es para fondear gasto en infraestructura.

“Si bien es probable que las transferencias federales disminuyan un 5% en 2019, en comparación con 2018, dado que el Gobierno busca contener el gasto, se espera que estas transferencias se estabilicen en el futuro debido a las crecientes necesidades de gasto social e infraestructura de los estados mexicanos.

“La disminución de las transferencias federales aumentará la presión sobre las finanzas de los estados, obligándolos a posponer el gasto en infraestructura o a adquirir nueva deuda. Como resultado, esperamos sólo un aumento moderado de los niveles de deuda, en línea con la política anunciada por el nuevo Gobierno de no contratar nueva deuda”, enfatizó Moody’s.

Sin embargo reiteró que el gasto en infraestructura seguirá siendo estructuralmente bajo, pese al objetivo del Gobierno Federal de impulsar el gasto en infraestructura, y manifestó que al seguir posponiendo el gasto en mantenimiento y renovación de los activos de infraestructura, los estados corren el riesgo de tener mayores costos en el futuro.

Inversión insuficiente puede debilitar potencial de crecimiento

Dijo que aunque las consecuencias de posponer el gasto de capital pueden no ser evidentes de inmediato, la disminución de los riesgos de calidad de los activos aumenta la probabilidad de fallas que serían perjudiciales para los servicios públicos, y darían lugar a mayores costos de sustitución.

“Una inversión insuficiente en infraestructura también puede debilitar el potencial de crecimiento de un estado, haciéndolo menos atractivo para los residentes y nuevos negocios”, advirtió.

Recordó que la disminución de las transferencias y la falta de medidas para impulsar el fondeo, han ocasionado una reducción del gasto en infraestructura.

En este contexto señaló que si bien en 2012 y 2013 el fondeo federal para el gasto en infraestructura de los estados creció más rápidamente que cualquier otra forma de apoyo del Gobierno Federal, desde 2014 estas transferencias (que representaron el 14% de las transferencias federales en 2017), han disminuido como parte del plan de ajuste del Gobierno Federal, cuyo objetivo es frenar el gasto del gobierno.

“Como consecuencia del recorte de transferencias, los estados mexicanos, que ya tienen presupuestos ajustados, disminuyeron su gasto en infraestructura a 4.2% del gasto total en 2017 de 7% en 2013”, precisó.

Ingresos propios de los estados siguen siendo débiles

También refirió que aunque la mediana de ingresos propios alcanzada por los estados calificados por Moody’s aumentó ligeramente a 8.9% en 2017 respecto 7.6% en el período 2013-2016, “estos niveles siguen siendo débiles y no compensan totalmente la reducción de las transferencias.

“Además, los presupuestos de los estados seguirán siendo ajustados en 2019 debido al aumento del gasto corriente”, anticipó.

Refirió que adicionalmente, y a pesar de que las condiciones financieras son favorables, los estados se han abstenido de contratar deuda, y es probable que en 2019 los niveles de deuda se mantengan estables.

“Como resultado, el gasto en infraestructura seguirá siendo estructuralmente bajo, lo que ampliará la brecha entre las necesidades de gasto en infraestructura de los estados y su capacidad de fondeo, un factor crediticio negativo”.

Asimismo detalló que debido a que las transferencias federales etiquetadas –conocidas como “convenios”–, pueden utilizarse tanto para gasto corriente como para gasto de capital, los estados con ingresos propios débiles y presupuestos ajustados han recortado los gastos de capital y utilizado estos fondos para gasto corriente, con la finalidad de mantener resultados financieros equilibrados.

Al reiterar que los estados no han aumentado la deuda para financiar infraestructura a pesar de condiciones benignas del mercado, señaló que los niveles de deuda de los estados mexicanos son moderados, en comparación con sus pares internacionales.

Añadió que además, pese al aumento en tasas de interés, desde la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en 2016, que obliga a celebrar procesos competitivos, se han observado reducciones en las sobretasas en el pago de intereses de la deuda de largo plazo.

Recordó que las sobretasas cayeron a un mínimo de 28 puntos base (pb) en el primer semestre de 2018, de una sobretasa de 118 pb en el mismo periodo del año anterior, en promedio, y refirió que varios estados, –incluidos Veracruz (Caa1/B2.mx estable) y Chihuahua (Ba3/A3.mx estable)–, refinanciaron sus deudas introduciendo nuevas mejoras crediticias que redujeron aún más los riesgos crediticios.

“Sin embargo, a pesar del entorno benigno, los niveles de deuda disminuyeron por primera vez en 2018, dado que la emisión de deuda se ha utilizado principalmente para refinanciamiento.