La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado urgente a los coordinadores parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, para que se reconsidere la asignación suficiente de recursos al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales.
Advirtió que no atender esta demanda urgente acerca de este programa de subsidios y para la colocación de viviendas en proceso con solicitudes de compra por parte de los derechohabientes de bajos ingresos, “se afectará directamente a miles de familias mexicanas.
“Con ello (sobrevendrá) el quebranto patrimonial de las empresas que caerán en incumpliendo de pagos y que invirtieron en dichas viviendas, y se verán afectados miles de profesionales que ofrecen bienes y servicios a esa cadena de valor. Lo más grave es que quedarán deshabitadas miles de viviendas construidas bajo criterios sustentables, ubicadas en los polígonos cercanos a las fuentes de trabajo”, indicó.
Tras manifestar su preocupación por que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019, no se incluyó el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 dicho programa recibió recursos por 6 mil 829 millones de pesos (mdp), los cuales se han ido destinando a subsidio para la compra de vivienda de las familias mexicanas de escasos recursos.
“En el PPEF 2019 el Ejecutivo propone asignar mil 717 mdp al Programa de Vivienda Social. Sin embargo, no se especifican al detalle el destino de dichos subsidios.
“Urge considerar recursos suficientes para subsidio a la compra de vivienda de las familias mexicanas de bajos ingresos”, enfatizó.
Mediante un comunicado, la institución que preside Gustavo de Hoyos Walther subrayó la importancia de aclarar que los subsidios son para los compradores con ingresos de hasta 2.7 salarios mínimos, no para las empresas.
“Limitar los recursos para ese programa afectaría directamente a 500 mil mexicanos de escasos recursos, que no podrán hacer valer su derecho constitucional de adquirir una vivienda digna”, advirtió.
Asimismo, la Coparmex señaló que más del 90% de las empresas desarrolladoras de viviendas está representado por pequeñas y microempresas, las cuales subsisten mediante contratación de deuda, misma que liquidan una vez que reciben los pagos por parte de los compradores, que en su mayoría proviene de créditos hipotecarios que son autorizados con apalancamiento del subsidio al trabajador.
“Por ello, dejar en el aire dichos recursos, podría desatar una ola de despidos y pondrá en riesgo a alrededor de 2.4 millones de puestos de trabajo en la cadena de valor que abarca 30 ramas industriales y 79 clases de la actividad económica que contribuye con hasta 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones”.
Ello, añadió, sin mencionar el riesgo para las inversiones realizadas por las empresas de una industria dinámica, que en los últimos años ha crecido al 4.6%, más del doble del ritmo al que crece la economía nacional.
“Por ello la Coparmex llama a los diputados a revisar a fondo las implicaciones e impacto que tendría este recorte presupuestal para las familias de escasos recursos; los trabajadores del sector y la industria de la construcción en general”, reiteró.
Dijo que en este momento se están construyendo miles de viviendas en todo el país, que fueron autorizadas al amparo de las reglas de operación 2018, y que por ello, cancelar los subsidios afectará el derecho constitucional de comprar una vivienda a los sectores de menores ingresos.