Sin duda el combate al robo de gasolinas y saqueo a las arcas de la nación genera opiniones diversas y encontradas entre la población por sus efectos en todos los sectores: desde los pobres hasta el empresariado.
Los efectos devastadores que rebasan los 60 mil millones de pesos obligan a todos, desde el Presidente de la Repúblicahasta el último consumidor de combustible a encontrar una solución con las menores repercusiones económicas posibles.
Una respuesta será la organización entre las autoridades gubernamentales, el sector privadoy la sociedad en su conjunto para responder a este crimen que lastima a México y favorece a unos cuantos.
Cada vez que se ofrece información por parte del gobierno federal sobre los efectos del huachicoleo se revelan cuestiones que cimbran a diferentes sectores como el financiero que ha sido utilizado para lavar dinero por 10 mil millones de pesos (mdp), gasolineros que tienen que explicar la inconsistencia por más de 3 mil 200 mdp, funcionarios públicos que se aprovechan de su posición, entre otros.
Todo este cúmulo de información en algún momento tendrá que responderse con nombre y apellido de quienes se han aprovechado para sacar ventaja económica de manera ilegal en contra de México y los mexicanos.
Tendrá que manifestarse en multas o mayores sanciones en contra de quienes se encuentren involucrados en el crimen del robo de combustible, así como buscar la manera de resarcir el quebranto económico a la nación.
Esto no podrá, ni deberá quedar en el olvido, y sin la falta de consecuencias ejemplares para los responsables, quienes deberán ser expuestos ante la sociedad para evidenciar que efectivamente hay un cambio para México en su funcionamiento e impartición de justicia en contra de la corrupción.