La miscelánea fiscal 2026 genera preocupaciones por sus impactos financieros a las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como a las grandes plataformas digitales y los ejecutivos de finanzas solicitan mesas de trabajo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para abordar posibles soluciones.
El Congreso de la Unión aprobó el paquete económico 2026 con modificaciones en las retenciones, menores a la propuesta por el Ejecutivo Federal, pero aún así el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advierte que la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), que incluye el artículo 30-B y nuevas retenciones fiscales sobre ingresos brutos en plataformas digitales genera mayor recaudación pero con preocupaciones técnicas, económicas y jurídicas que deben ser atendidas con urgencia.
Los ejecutivos de finanzas advierten que imponer retenciones del 2.5 por ciento de ISR y 8 por ciento de IVA sobre ingresos brutos, sin considerar márgenes operativos ni estructura de costos, pone en riesgo la liquidez, la formalización y la sostenibilidad de este sector.
En el comercio minorista, los márgenes netos oscilan entre 2 por ciento y 5 por ciento y bajo el nuevo esquema, las retenciones superarían en más de 3 veces las utilidades netas, obliga a las empresas a financiar operaciones mediante deuda y acumular saldos a favor que tardan meses en recuperarse.
Una empresa con ventas mensuales de 500 mil pesos y margen neto del 3 por ciento tendría una utilidad de 15 mil pesos.
Bajo el nuevo esquema, pagaría 52 mil 500 en retenciones, genera una brecha financiera insostenible. Esta distorsión afectaría la liquidez, incrementaría la carga administrativa y desincentivaría la digitalización y la formalización.
Este efecto no sólo se limita a las pymes también aplica a las plataformas globales que enfrentarán costos millonarios para adaptar sus sistemas, lo que podría desincentivar la Inversión Extranjera Directa (IED) en tecnologías digitales, que en 2024 superó los 20 mil millones de dólares.
La reforma, lejos de impulsar la formalización, amenaza con generar un retroceso masivo en la economía digital, afirma el IMEF en un comunicado de prensa.
Revisiones y reuniones
En los trabajos se debe incorporar una evaluación de impacto económico, protocolos de ciberseguridad y mecanismos proporcionales alineados con estándares internacionales.
También diseñar esquemas diferenciados por tamaño empresarial, evitando cargas desproporcionadas para startups y pymes.
Además, convocar un foro legislativo con participación de jóvenes emprendedores, especialistas fiscales y representantes del ecosistema digital, para construir soluciones conjuntas que fortalezcan la fiscalización sin sacrificar la innovación.
El comercio electrónico representa el 6.4 por ciento del PIB nacional y sostiene más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes).
