La aprobación de la iniciativa para regular el outsourcing en los términos en los que está planteada, pone en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha insistido en la necesidad de que se haga un debate profundo y sin simulaciones sobre el tema.
Reconoció que hace algunos meses un ejercicio de parlamento abierto, pero la iniciativa mencionada aún no se había presentado. Más aún, las propias conclusiones del parlamento abierto no fueron tomadas en cuenta.
“Una sobre regulación debilitará el sistema productivo nacional y le restaría competitividad las empresas tanto en el mercado nacional como internacional (..) Para regular la subcontratación es fundamental analizar objetivamente las estadísticas económicas, las cifras sobre los beneficios y perjuicios de su uso”, indicaron las conclusiones.
El CCE está de acuerdo en la necesidad de replantear la figura de la subcontratación para evitar que existan abusos, y le solicitan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que ejerza las facultades con las que ya cuentan para sancionar las prácticas ilegales.
La reforma planteada por el Senador Gómez Urrutia aprobada pone en riesgo la ratificación del T-MEC, por la falta de respeto al estado de derecho, genera un grado de incertidumbre enorme al poner en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que generan.
Estas empresas podrán decidir mover sus inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México, puntualizó el CCE.
Además, busca criminalizar las relaciones laborales al considerarla delincuencia organizada, cuando es una práctica legal y legítima. “Es inaudito y realmente preocupante esta tendencia de los legisladores a querer llevar todas las prácticas que no les gustan a nivel de delincuencia; más aún, de delincuencia organizada. Como si quienes invertimos y generamos empleos en el país fuéramos narcotraficantes o terroristas”, enfatizó la cúpula empresarial.
El CCE enfatizó que la iniciativa tiene visos de inconstitucionalidad al busca ser retroactiva, lo que es una aberración jurídica, es decir, colocaría como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas.
Agregó que prácticamente elimina cualquier tipo de subcontratación, lo que traería consecuencias graves para la competitividad del país y eliminaría miles de empleos.
Destacó el CCE que miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen de manera legal, con beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley.
La iniciativa equipara la subcontratación legal con la ilegal o abusiva, prácticamente eliminando cualquier posibilidad de subcontratar de manera legal. En vez de beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabajadores, enfatizó
El CCE le solicita al Congreso a establecer un diálogo real, en el que se escuchen las preocupaciones de todos los sectores productivos, y así conseguir una reforma que garantice los derechos laborales de los trabajadores, pero que no atente contra la propia creación de empleo y la economía nacional.
Finalmente, solicitó no satanizar a las empresas, sin posiciones ideológicas ni simulaciones.