Los sismos de Septiembre del 2017 dejaron más de 100 mil familias damnificadas en ocho estados de la República Mexicana, quienes recibieron el apoyo inmediato de la sociedad civil a través de trabajo físico para el retiro de escombros, alimentos en los lugares dañados y donativos económicos a través de las cuentas en diferentes instituciones financieras y entrega directa por la desconfianza al sector gubernamental y privado.
Han pasado más de 4 meses en los que se presentaron los movimientos telúricos y los damnificados siguen sin contar con el apoyo prometido por parte del gobierno y del sector privado.
Se tienen contemplados para los trabajos de reconstrucción 38 mil millones de pesos (mdp) por los censos realizados por el Gobierno Federal, que provienen del presupuesto federal del 2017 y del 2018.
A estos recursos hay que sumar el Fideicomiso Fuerza México, que al 19 de Enero del 2018 se tienen contabilizados aportaciones de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional. En moneda nacional se tienen recursos cercanos a los 225 mdp y cerca de 4 millones de dólares (mdd).
A pesar de los recursos existentes todavía siguen los damnificados sin recibir el apoyo para recuperar su patrimonio, continúan muchos de ellos en las calles con manifestaciones ante la tardanza del sector público y privado para prestarles la ayuda necesaria.
No sólo eso, sino que todavía solicitan la ayuda de la sociedad civil con recursos financieros en beneficio de quienes fueron afectados por los sismos del año pasado cuando gran parte de los afectados no recibe una ayuda efectiva para recuperar su patrimonio, lo que resulta inadmisible y criticable.
En algunos partidos se contempló la idea de comprar casas y departamentos para entregarlas a los damnificados, lo que no sucedió.
Muchos de los damnificados siguen sin una respuesta a su problemática, ¿qué pasa con los dineros recibidos?.